PP y PSOE vuelve a tumbar en la Asamblea la propuesta de Ciudadanos de crear una autoridad independiente para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción.

“PP y PSOE se ponen del lado del silencio y la complicidad de la corrupción en vez de proteger a los denunciantes”. Así lo ha dicho la diputada de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, Dolores González Pastor, durante la defensa de la Propuesta de Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción que no ha salido adelante por los votos en contra del PP y la abstención del PSOE.

“Me sorprende, señores del PSOE que sean tan tibios a la hora de proteger a los denunciantes en Madrid cuando hace seis meses lo apoyaron en un Acuerdo de Investidura a nivel nacional” ha criticado la diputada de C’s y ha hecho hincapié en que “sí estén apoyando en el Ayuntamiento de Madrid la oficina antifraude no independiente de Manuela Carmena”.

Las diputada de C’s ha recordado que “el gobierno de Rajoy, en 2012, se comprometió con la OCDE a desarrollar un plan que amparase al denunciante del sector público y privado y a día de hoy España sigue siendo uno de los cuatro países de la OCDE que no ha hecho nada”. Por ello, Ciudadanos ha presentado en el Congreso “una ley integral contra la corrupción y hoy aquí presentamos una Propuesta que apuesta por tres principios claves: más transparencia, mejores controles y mayor responsabilidad”.

Dolores González Pastor ha explicado que con esta propuesta “Ciudadanos quiere impulsar, desde una de las comunidades más castigadas por la corrupción, el desarrollo de una Ley Nacional que establezca un marco de protección jurídica a todos los niveles” además de “desarrollar las reformas legales necesarias, dentro de su competencia, para la protección de denunciantes dotando para ello a la región de una Autoridad Administrativa Independiente del Ejecutivo”.

En este sentido, la diputada de C’s ha manifestado la necesidad de establecer “la protección de la identidad y garantías de confidencialidad, libertad de expresión, amparo de la tranquilidad psicológica y amparo de la categoría laboral de los denunciantes”.