El portavoz de Cs en la Comisión de Endeudamiento asegura que “será la justicia la que determine si se han cometido irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II en Latinoamérica”.

“La opacidad del Gobienro regional con respecto al ‘Caso Emissao’ nos han obligado a entregar este informe a la Fiscalía Anticorrupción”. Así lo ha dicho el diputado de Cs en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Endeudamiento, Juan Rubio, tras entregar a la Fiscalía Anticorrupción un Informe sobre operaciones de la empresa pública Canal de Isabel II en Latinoamérica, conocido como el ‘Caso Emissao’.Rubio que ha acudido acompañado de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Gallizo, y el Grupo Parlamentario Podemos, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que “gracias a esta comisión hemos podido identificar multitud de indicadores sospechosos y curiosamente no valorados que nos han llevado a elevar este informe a la Fiscalía Anticorrupción”.

“Es lamentable que lo único que hayamos recibido por parte del gobierno de la señora Cifuentes sean impedimentos”, ha criticado el diputado de Cs quien ha lamentado que “se nos ha negado la posibilidad de acceder al informe remitido a la fiscalía desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, demostrando muy poco respeto a todos los madrileños”.

Rubio ha declarado que “nos hemos visto obligados a  tener que avanzar y poner sobre la mesa multitud de indicios para que el gobierno regional decidiese empezar a trabajar en este asunto que tanto nos ha costado a los madrileños”. “Todo lo que sucede en las empresas del Canal en América es opaco y está fuera de todo control”, ha adelantado el diputado de Cs quien ha aseverado que, en cualquier caso, “será la justicia la que lo determine”.

Para Rubio “comprar en noviembre por 21 millones de euros  para que, un mes después, valga 10 millones de euros y un año después 5, es algo más que mala gestión para el sentido común; al igual que tampoco se puede entender que en esta operación nadie del Canal, del gobierno de la Comunidad de Madrid o de las auditoras internas y externas apreciasen nada ‘raro’ en esta operación”.

“Ante la cantidad de indicios y dudas y la falta de colaboración del gobierno, nuestra obligación ha sido la de remitirlo a la Fiscalía para que se aclaren todos estos aspectos”, ha concluido Juan Rubio.