El portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, propone que “ante el caso de un cierre éste sea de forma gradual y con un preaviso mínimo de un año a las familias afectadas”.

Ciudadanos Madrid (Cs) ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para garantizar que ningún alumno se quede en la calle ante el cierre de un centro educativo. El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que esta propuesta buscar “garantizar que las familias sean debidamente informadas ante un cierre”. Esta proposición se marca como objetivo “estipular los criterios y condiciones en las decisiones de programación de oferta de puestos escolares y la red de centros cuando conduzcan a la supresión de centros educativos o bien al traslado de enseñanzas”.

“Queremos evitar que ante el cierre de centros, como ha sido el caso del instituto Pérez Galdós, los alumnos se queden en la calle por no haber sido avisados con el suficiente tiempo”, ha señalado Aguado quien ha explicado que la iniciativa tiene cinco puntos clave, siendo el primero de ellos “informar a las familias afectadas al menos con un curso de antelación al año académico de la puesta en marcha de las medidas indicadas”.

Para el portavoz madrileño de Cs es necesario que se pueda “optar siempre que sea posible por medidas graduales frente a decisiones de supresión inmediatas, que permitan a las familias tomar decisiones con la información necesaria para afrontar con garantías el ejercicio de la libertad de elección en los procesos de escolarización”. Además, Aguado ha señalado que es necesario que exista una especial consideración para los alumnos TEA, de tal forma que “en las aulas para aquellos niños que conviven con el Trastorno del Espectro Autista, la última opción sea el cierre de las clases y, en cualquier caso, quede garantizada la búsqueda una nueva ubicación en las mismas condiciones  que tenían”.

El líder de Cs en Madrid ha explicado que la iniciativa recoge un punto por el cual “el traslado de las enseñanzas que implique liberar espacios suponga la utilización de los mismos con una finalidad educativa”, y ha añadido que, en aras a dar participación a los sectores afectados, se contemple la obligatoriedad de “mantener reuniones con los representantes de los mismos para poder tener cuenta sus valoraciones e intereses con carácter previo a la toma de decisiones”. En definitiva, se trata de “evitar en la medida de lo posible, causar un perjuicio a los alumnos afectados por dichos cierres”.