El líder de Cs Madrid tacha la política de vivienda de la CAM de “despropósito” y critica la “inactividad” del Gobierno regional a la hora de evitar la ocupación ilegal

“Exigimos al PP que comience con el desalojo de los pisos sociales okupados”, así lo ha asegurado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras reunirse con la Asociación de Vecinos del Embalse del Vellón, en Villa de Vallecas, para abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas sociales.

“De las cuatro mil viviendas ocupadas que hay en la región”, ha puesto de manifiesto Aguado, “la mitad, dos mil, son propiedad del Gobierno de la Comunidad”, lamentando que “dos mil familias en lista de espera no pueden acceder a una vivienda”.

Tras escuchar el testimonio de vecinos afectados, el líder de Cs Madrid ha mostrado su preocupación por “las personas y mafias que ocupan casas de forma ilegal mientras la Comunidad de Madrid no hace absolutamente nada por evitarlo”. “El modelo de vivienda  del Gobierno regional es un despropósito, te dan las llaves de casa y se desentienden de los inquilinos y los problemas de convivencia que genera la ocupación ilegal”, ha aseverado Aguado.

Por este motivo, el portavoz de Cs en la Asamblea ha adelantado una iniciativa del partido naranja que se debatirá en el pleno del 21 de febrero y que contempla una batería de medidas con el fin de evitar de forma “rápida y diligente” que se ocupen propiedades ilegalmente. “Proponemos, por un lado, agilizar la expulsión de personas y mafias que han ocupado viviendas sociales y, en segundo lugar, queremos impedir que siga habiendo usurpación de esas propiedades”, ha apuntado.

Tras recordar que “tres de cada cuatro viviendas ocupadas de la Comunidad están en manos de mafias”, Aguado ha exigido que “se agilicen los trámites y las herramientas de la administración pública” para dotar de viviendas “a las personas que ocupan por necesidad, cumpliendo los requisitos y garantizando los derechos de los ciudadanos”.

“Desde Cs aspiramos a tener un modelo de vivienda más eficaz, orientado a los ciudadanos y a garantizar sus derechos”, ha concluido.